PePe Rosales

PePe Rosales.

Soy José pero me llaman PePe. Ya imagináis de quién vengo siendo. Contra viento y marea. Al mal itempo buena cara.

La Coruña, Galicia y sobre todo España.


#ComandanciaDeObras. Rosa Gallego exige a Ferreiro que cumpla la MOCIÓN para poner fin a 8 meses de okupación ilegal de la Comandancia donde se realizan obras y actividades ilegales. Que deje de proteger a los okupas ilegales y que proteja a los coruñeses que están desocupados por su desastrosa gestión.
El GMPP presenta alegaciones al Presupuesto para 2018 que suponen modificaciones por casi 53 millones de euros que incluyen 10,5 millones para las personas, 24,4 millones para los barrios, 3,1 millones para las asociaciones, 11 millones en bajas y 4 millones de nuevos ingresos.
Presupuestos Rosa Gallego: "Ferreiro ha logrado que el presupuesto de 2018 sea aún peor que el de 2017 porque no resuelve ni un problema real de los coruñeses y los empeorará porque sube los impuestos a cambio de nada".

lunes, 3 de abril de 2017

MOCIÓN PARA EL DESALOJO DE LA COMANDANCIA DE OBRAS

GALLEGO PRESENTARÁ UNA MOCIÓN PARA QUE FERREIRO ACABE DE FORMA INMEDIATA CON LA OKUPACIÓN ILEGAL DE LA COMANDANCIA DE OBRAS QUE GENERA ENORME ALARMA SOCIAL

El PP exige a Ferreiro que actúe urgentemente para poner punto y final a esta okupación ilegal que está funcionando como efecto llamada como se ha comprobado en la prensa.

Ferreiro, que además es responsable de Seguridad Ciudadana, está haciendo dejadez de funciones como encargado del mantenimiento, conservación y custodia de las instalaciones, y está consintiendo la okupación ilegal.

Ferreiro amenaza con controles a todos los sectores económicos que solicitan licencia, pero consiente una okupación ilegal que realiza obras y actividades sin licencia.

La Marea sufre el síndrome de Estocolmo porque varios concejales formaron parte de okupaciones ilegales y ahora no los echan, se gastan 7.000€ de todos los coruñeses en mejorarles las condiciones, les colocan contenedores de basura a pesar de que no pagan ningún recibo y les permiten conectarse de manera ilegal a la red eléctrica.


La portavoz del Grupo municipal Popular, Rosa Gallego, acompañada por vecinos afectados por la okupación ilegal de la Comandancia de Obras que expusieron públicamente sus inquietudes, anunció que presentará una moción en el Pleno para expresar el firme rechazo de la Corporación a las ocupaciones ilegales de viviendas en nuestra ciudad e instar a Ferreiro a adoptar las medidas dentro de sus competencias con el objetivo de finalizar a la mayor brevedad con las que tenga conocimiento y a realizar, como responsable del mantenimiento, conservación y custodia de las naves de la antigua Comandancia, cuantas actuaciones sean necesarias para proceder de manera urgente al desalojo de dichas instalaciones ocupadas ilegalmente desde hace más de cinco meses y en las que se realizan obras y actividades ilegales.

Gallego recordó que el Ministerio de Fomento acaba de licitar las obras de mantenimiento y conservación, valoradas en 1,3 millones de euros y necesita los terrenos libre para actuar. “Presentamos una moción similar en el Pleno de diciembre que no fue aprobada con la excusa de que apostaba por una solución negociada con los okupantes ilegales, pero todo sigue igual o peor por lo que es urgente que Ferreiro actúe para poner punto y final de una vez a esta ocupación ilegal que está causando gran alarma social en la ciudad y su efecto llamada ya funciona como se ha comprobado en la prensa”.

El pasado mes de noviembre se tuvo conocimiento de la ocupación ilegal y de la realización en las instalaciones de actividades y obras en el interior sin autorización. Desde entonces hemos visto como los ocupantes realizan fiestas y conciertos y han montado un bar donde venden bebidas, como se ha podido comprobar recientemente un medio de comunicación. “Por tanto, el Alcalde, que además ostenta la responsabilidad de Seguridad Ciudadana, está haciendo dejadez de funciones a la hora de cumplir el convenio de 2013 por el que es el encargado del mantenimiento, conservación y custodia de dichas instalaciones y está consintiendo tácitamente la continuidad de una ocupación ilegal, que realiza obras ilegales y actividades ilegales. Mientras Ferreiro presume de control máximo de legalidad en las licencias urbanísticas y amenaza a todos los sectores económicos, no tiene problema en consentir una ocupación ilegal que realiza actividades sin ningún tipo de licencia o permiso”.

La realidad es que la Marea sufre el síndrome de Estocolmo porque varios de sus concejales formaron parte de ocupaciones ilegales como en las Atochas y ahora no sólo no quieren echar a sus colegas de la Comandancia, sino que han gastado más de 7.000 euros del dinero de todos los coruñeses en mejorar las condiciones urbanísticas de los okupas, les han colocado contenedores de basura a pesar de que no pagan ningún recibo de recogida como sí hace el resto de ciudadanos o les permiten que se conecten de manera ilegal para disponer de electricidad. ”Ferreiro está haciendo dejadez de funciones y le exigimos que realice cuantas actuaciones sean necesarias para proceder de manera inmediata y urgente al desalojo de dichas instalaciones ocupadas ilegalmente desde hace más de cinco meses y en las que se realizan obras y actividades ilegales”.

El PP considera que ante el fenómeno de la ocupación ilegal y la inseguridad ciudadana, no se puede permanecer impasible y tampoco descargar la responsabilidad sólo en otras administraciones, por lo que presentamos esta moción para que, desde el ámbito municipal, se haga frente y se aporten soluciones a este problema. “Un Ayuntamiento no puede amparar ni justificar estos comportamientos ilegales que son fuente de inseguridad jurídica y problemas de convivencia vecinal, como se ha comprobado recientemente en el caso de diversas ocupaciones ilegales en zonas como Eirís o la Ciudad Vieja, entre otros, y puede adoptar medidas para elaborar un censo de inmuebles presuntamente ocupados ilegalmente, aumentar los servicios de inspección de estas viviendas, reforzar la coordinación de la Policía Local con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc, con el objetivo de finalizar a la mayor brevedad con las que tenga conocimiento para garantizar los derechos de los vecinos y de los propietarios”, finalizó.