PePe Rosales

PePe Rosales.

Soy José pero me llaman PePe. Ya imagináis de quién vengo siendo. Contra viento y marea. Al mal itempo buena cara.

La Coruña, Galicia y sobre todo España.


#ComandanciaDeObras. Rosa Gallego exige a Ferreiro que cumpla la MOCIÓN para poner fin a 8 meses de okupación ilegal de la Comandancia donde se realizan obras y actividades ilegales. Que deje de proteger a los okupas ilegales y que proteja a los coruñeses que están desocupados por su desastrosa gestión.
El GMPP presenta alegaciones al Presupuesto para 2018 que suponen modificaciones por casi 53 millones de euros que incluyen 10,5 millones para las personas, 24,4 millones para los barrios, 3,1 millones para las asociaciones, 11 millones en bajas y 4 millones de nuevos ingresos.
Presupuestos Rosa Gallego: "Ferreiro ha logrado que el presupuesto de 2018 sea aún peor que el de 2017 porque no resuelve ni un problema real de los coruñeses y los empeorará porque sube los impuestos a cambio de nada".

domingo, 31 de julio de 2016

RENTA SOCIAL. ALEGACIONES.

EL PP ALEGA A LA ORDENANZA DE LA RENTA SOCIAL PARA ADECUARLA A LA NORMATIVA, EVITAR EL “EFECTO LLAMADA” Y QUE NO SE CONVIERTA EN UNA RENTA DE EMANCIPACIÓN

Los populares consideran que como esta prestación es de carácter local y no autonómico, no se puede considerar dentro de las excepciones recogidas en la Ley de subvenciones de Galicia y por tanto debe aplicarse a la hora de justificar el gasto realizado por los beneficiarios.

El PP solicita para ser beneficiario una antigüedad de doce meses de empadronamiento, y tener cumplidos 25 años con las mismas excepciones que contempla la RISGA.

El Grupo Popular insta a crear un procedimiento rápido para víctimas de violencia de género aún en el supuesto que tengan reconocida por sentencia pensión compensatoria y/o alimenticia para hijos y no la perciban. 

El PP propone la creación de una comisión mixta formada por técnicos de Xustiza Social, Emprego e Igualdade, para elaborar el informe previo para la concesión de prórroga.

El Grupo municipal Popular ha presentado las alegaciones al proyecto de ordenanza de Renta Social Municipal con el objetivo de adecuarla a la normativa recogida en la Ley de subvenciones respecto a la necesidad de justificar los gastos por parte de los beneficiarios, para evitar el efecto llamada modificando el tiempo mínimo de empadronamiento y aumentando la edad mínima para que no se convierta en una renta de emancipación. Además, el PP solicita un procedimiento rápido para el abono de la Renta a las víctimas de violencia de género, así como la creación de una comisión mixta para elaborar los informes previos a la concesión de prórrogas.

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

En la primera alegación, el PP solicita que la ordenanza se adapte a las exigencias de la Ley 9/2007 de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en lo que se refiere a la justificación de los gastos realizados.

El Decreto de la Xunta 61/2016, de 11 de febrero, por el que se define la Cartera de servicios sociales de inclusión, establece la categoría “prestaciones económicas destinadas a paliar situaciones de necesidad social”, y responsabiliza a las corporaciones locales de su puesta en marcha y regulación. En cuanto a la forma jurídica para desenvolverla, la Ley de subvenciones de Galicia, exceptúa del carácter subvencional a las prestaciones “autonómicas” de carácter asistencial, lo que deja fuera de esta excepción a las prestaciones municipales como la Renta Social.

Es más, la única diferencia entre la prestación recogida en el Decreto y las ayudas de Emergencia Social, que sí se encuentran sometidas a la Ley de Subvenciones, es la periodicidad del pago en el caso de la Renta Social, pero sigue teniendo carácter subvencional, siendo necesario justificar por parte del beneficiario el gasto realizado. Es decir, Renta Social y Emergencia Social tienen el mismo régimen jurídico, el Decreto no cambia el sometimiento a la Ley de subvenciones, porque el Decreto es de rango inferior a la Ley. Es por ello que la Ordenanza de Renta Social debe adaptarse a las exigencias del citado texto normativo.

EDAD MÍNIMA Y EMPADRONAMIENTO

El PP solicita también que en la ordenanza se establezca como requisito para ser considerado beneficiario una antigüedad mínima de doce meses en el empadronamiento en lugar de seis, con el fin de evitar el “efecto llamada”. Residentes de municipios próximos podrían estar “tentados” de realizar “falsos empadronamientos” en nuestro ayuntamiento para disfrutar de las ventajas de esta Renta Social, o de estudiantes que no tengan su domicilio familiar en el ayuntamiento coruñés y que a los pocos meses de empadronarse podrían presentar su solicitud aunque no se encuentren en riesgo de exclusión social.

El Grupo Popular considera también más apropiado tener cumplidos los 25 años como norma general, al igual que en la RISGA, en lugar de 18, porque si uno de los requisitos para ser beneficiario es no tener derecho al RISGA, en el caso de los menores de 25 años se daría este supuesto de forma automática. Se trata de determinar que nos encontramos en una situación real de riesgo de exclusión social y no ante una simple ausencia de recursos económicos al alcanzar la mayoría de edad, y evitar que la renta social se convierta en una renta de emancipación, estableciéndose las mismas excepciones que rigen para la Renta de Integración Social para personas entre 18 y 25 años:

•        Personas que tengan menores a su cargo.
•        Mayores de 18 años que, antes de alcanzar la mayoría de edad, estuviesen tuteladas por la Xunta de Galicia e internadas en un centro de menores o en acogimiento familiar.
•         Mayores de 18 años que, teniendo un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no tengan derecho a prestación o ayuda de igual o análoga naturaleza.
•         Mayores de 18 años en situación de orfandad absoluta y no tengan derecho a otras prestaciones o ayudas de análoga naturaleza.
•        Mayores de 18 años que procedan de un centro de internamiento de instituciones penitenciarias.
•         Mayores de 18 años que lleven un tiempo viviendo en un domicilio independiente y que hubiesen cotizado, al menos, 2 años a la Seguridad Social.
•       Mayores de 18 años víctimas de violencia de género o de violencia en el ámbito familiar o de trata de seres humanos.
•          Mayores de 18 años en riesgo de exclusión social.

PROCEDIMIENTO RÁPIDO

El Grupo Popular propone establecer un procedimiento rápido para la concesión de la ayuda para víctimas de violencia de género aún en el supuesto de tener reconocida por sentencia pensión compensatoria y/o alimenticia para los hijos y que no la perciban durante el proceso de ejecución de sentencia o que sea incobrable una vez finalizada la ejecución. Como las ejecuciones judiciales destinadas al cobro se pueden prolongar en el tiempo, entendemos que deberán percibir la prestación de forma inmediata, a fin de no quedar desasistidas.


En otra alegación, el PP solicita que se establezca que el informe previo para la concesión de prórroga sea elaborado por una comisión mixta formada por un técnico de xustiza social, otro de emprego y otro de igualdade, en lugar de sólo por un trabajador social, así como para el informe previo en caso de segundas solicitudes y posteriores de cualquier beneficiario que haya finalizado la prestación, teniendo en cuenta la variedad de acciones de inclusión.

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