PePe Rosales

PePe Rosales.

Soy José pero me llaman PePe. Ya imagináis de quién vengo siendo. Contra viento y marea. Al mal itempo buena cara.

La Coruña, Galicia y sobre todo España.


#ComandanciaDeObras. Rosa Gallego exige a Ferreiro que cumpla la MOCIÓN para poner fin a 8 meses de okupación ilegal de la Comandancia donde se realizan obras y actividades ilegales. Que deje de proteger a los okupas ilegales y que proteja a los coruñeses que están desocupados por su desastrosa gestión.
El GMPP presenta alegaciones al Presupuesto para 2018 que suponen modificaciones por casi 53 millones de euros que incluyen 10,5 millones para las personas, 24,4 millones para los barrios, 3,1 millones para las asociaciones, 11 millones en bajas y 4 millones de nuevos ingresos.
Presupuestos Rosa Gallego: "Ferreiro ha logrado que el presupuesto de 2018 sea aún peor que el de 2017 porque no resuelve ni un problema real de los coruñeses y los empeorará porque sube los impuestos a cambio de nada".

martes, 10 de febrero de 2015

SENTENCIA DEL CONTENCIOSO POR ALTERAR LA SEGURIDAD CIUDADANA.



Esta es la sentencia del contencioso que rechaza el recurso interpuesto por Xosé Manuel Carril contra sanción de 600 euros que le impuso la Subdelegación de Gobierno por alterar seguridad ciudadana en el desahucio de Aurelia y le condena a costas. Por el momento no es firme.

Los Fundamentos de Derecho demuestran la actitud de rebeldía, provocación y alentando a los allí congregados al alboroto y acoso a los funcionarios de la comisión judicial.

¡Que cada uno saque sus propias conclusiones!.


La Subdelegación del Gobierno le impone multa de 600 euros por infracción administrativa del artículo 23 apartado h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana consistente en la provocación de reacciones en el público que alteran o puedan alterar la seguridad ciudadana, el día del desahucio fallido de Aurelia. 

Carril dice que los numerosos agentes de la policía que allí se personaron durante los tres días que duró la concentración no procedieron a su disolución, y que desconoce si estaba o no autorizada ni en qué términos. Que acudió al edificio de la Rúa Padre Feijoó 9, de A Coruña, pero no impidió ni hizo que se impidiese el acceso al portal, que ya estaba bloqueado con una cadena. Que la concentración se estaba realizando antes y durante su presencia en el lugar de los hechos, y sin alentar y animar a las personas concentradas, tal como se hace constar en la modificación del atestado de 2 de abril. Que los agentes de policía en ningún momento se dirigieron al recurrente, ni le informaron de que iba a ser denunciado, ni se le dio para firmar la denuncia. Que no fue identificado por los agentes de la policía en el lugar, ni fue requerido a deponer su actitud, tal como consta en la propuesta de hechos de la resolución. Que consta en el Fundamento de Derecho primero de la resolución que impugna, que ello fue así porque los agentes de policía presentes en el lugar no entendieron que se estuviera produciendo ningún tipo de delito. Que no se hace mención ni en el atestado inicial ni en las modificaciones posteriores sobre como se manifestó  la provocación de reacciones en el público que alteren o pudieran alterar la seguridad ciudadana, y tampoco se explica que hechos alteraron la misma, Denuncia la denegación de medios de prueba, tal como se solicitó en el momento oportuno, con lo que se provocado la indefensión del denunciado. 

Dice la Juez en los Fundamentos de Derecho:

El expediente se inicia con la remisión del Comisario Jefe a la Subdelegación del Gobierno de la denuncia formulada por el agente 64.293, en la que se relaciona que el Sr Carril Vázquez, habiendo sido requerido, para que deje expedito el paso al portal del nº 9 de la C/ Padre Feijo, hace caso omiso a al agente de la autoridad,  y según palabras de su defensa: ante el requerimiento policial o demandante requeriulles explicacións e a orde de desafiuzamento y cuando este le explica lo que tiene que hacer, le contesta: Ti fai o que teñas que facer, oponiendo resistencia, tirándose al suelo y teniendo que ser trasladado por dos agentes de policía, saltando en dos ocasiones más el cordón policial, incitando a la gente, con su actitud para que hiciese lo mismo. (Esta juzgadora no se imagina situaciones en las que los agentes policiales estén desarrollando su trabajo, y cualquier ciudadano les requiera explicaciones y que les muestren las órdenes en cuya virtud desarrollan su trabajo).

El demandante no articula alegación alguna respecto del contenido en que concreta la vulneración de dicho derecho y principio más allá de su genérica denuncia. 
En el caso que nos ocupa la alteración del orden público con riesgo para las personas y bienes, límite que integra el bien jurídico que preserva el tipo infractor que contempla el artículo 23 h) de la LOPSC que debemos poner en conexión con la LODR, es indubitada no ya por constar así en la denuncia sino porque en el concreto caso que nos ocupa todos los testigos propuestos por el actor, en el acto del juicio han declarado que el mismo, conocido e identificado por todos ellos, se encontraba en el lugar, fue sacado en alza por la policía, la última testigo dice arrastrado, pero las fotografías que aparecen al folio 3 y 4 que el actor reconoce como relativas a los hechos que se le imputan y que los testigos identifican, evidencia que el actor trataba de tirarse al suelo para entorpecer la labor de la policía y que estos tratan de evitarlo y sacarlo andando del lugar, también se comprueba en la primera de las fotografías como el actor es jaleado por las demás personas allí presentes. 

El primero de los testigos propuesto por el actor, el agente de policía, ratifica que el actor saltó el cordón policial varias veces y que con su actitud y la proyección pública del mismo, alteraba al público presente, la última de los testigos afirmó que el actor coreaba consignas y hacía fuerza contra la policía como todo el mundo; pero no puede obviarse que por su cargo político y su proyección pública, su actuación conlleva que la multitud lo siga, no siendo iguales las consecuencias de su actuación que las de un ciudadano anónimo, cuya presencia no es especialmente relevante, no ocurriendo lo mismo con el actor pues todos los testigos lo identificaron y conocían en qué lugar se hallaba en todo momento, la última testigo narra más de seis horas de presencia en el lugar y es capaz  de situar al actor en todo momento, lo que evidencia que estaban pendientes de su actuación. Que la reunión no era pacífica, lo pone en evidencia el relato que realiza la secretaria judicial, que evidencia que un funcionario de la comisión resultó herido al caer al suelo. También consta que el lanzamiento no se practicó por el riesgo evidente y claro para la integridad física de los funcionarios que integraban la comisión judicial por encontrarse rodeados, acosados, impidiendo físicamente el ejercicio de su función, lo que integra desde luego el tipo infractor que nos ocupa.   

 La actuación del actor, por su relevancia pública, como concejal del Ayuntamiento fue provocadora y coadyuvó a agravar la tensión existente y que la multitud se creciera en su desafío a la policía, en tanto estaban actuando como el representante elegido en las urnas, implicando esto último que la conducta pública del Sr. Carril, ha de ser mucho más exquisita que la del común de los ciudadanos, que pueden ver en el mismo un ejemplo a seguir

Siendo requerido para que permitiera el paso y poder llevar a cabo las funciones que tenía encomendada la comisión judicial a punto de llegar, se encara con la policía, se niega a moverse y tiene que ser retirado por los agentes y una vez que es puesto fuera del cordón judicial, lo salta en dos ocasiones más, siendo imitado por otros asistentes, lo que produce una exaltación en el público allí congregado.

Desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Xosé Manuel Carril Vázquez, representado por el procurador, D. Miguel Vilariño García y bajo la dirección de la letrada, Doña Sandra Garrido Fernández, frente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, representada  y bajo la dirección del Abogado del Estado contra la resolución sancionadora de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña de fecha 29-10-2013 por la que se sanciona al recurrente con una multa de 600 euros por infracción administrativa del artículo 23 apartado h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana consistente en la “provocación de reacciones en el público que alteran o puedan alterar la seguridad ciudadana”, con condena en costas al recurrente.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de quince días siguientes a la notificación de esta sentencia, ante este mismo Juzgado y para ante la Sala correspondiente del TSJG.




No hay comentarios: